El Riesgo de ser Periodista en México: 244 agresiones en el 2009.
Informe de Article XIX y Cencos.
8:02 PM, 15 de febrero de 2010, por Patricia Mayorga
Reporteros que cubren operativos y actuaciones de la lucha contra el narcotráfico enfrentan riesgo mayor;en los medios de información hay ausencia de una cultura de prevención. Homicidios y desaparición de periodistas, claro indicador de debilitamiento democrático; Chihuahua entre los tres estados con más agresiones contra comunicadores.
En un ambiente de “violencia generalizada” en México, la libertad de prensa ha sido negativamente afectada, provocando la ausencia de información objetiva y veraz, a tal grado que durante los doce meses del año pasado, en este país fueron agredidos 244 periodistas y contra lo que pudiera suponerse, los agresores son servidores públicos, en el 65 por ciento de los casos, mientras que en el 6.1 por ciento de los hechos, los perpetradores están identificados como delincuentes.
En el mismo lapso, el estado de Chihuahua se ubicó entre las tres entidades federativas con más agresiones contra periodistas: 20 profesionales perjudicados, de acuerdo con el documento “Entre la violencia y la indiferencia: Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México”, elaborado por la asociación Artículo XIX y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Las otras dos entidades con mayor número de agresiones registradas son Oaxaca y Veracruz, mientras que por el grado de violencia destacan Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
De acuerdo con el reporte, uno de los rasgos más alarmante es que en la mayoría de las agresiones registradas prevalece la impunidad, y las violaciones a los derechos humanos imputadas a las fuerzas de seguridad pública y armadas se han incrementado.
Los comunicadores más agredidos fueron quienes dan cobertura a operativos y actuaciones de la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con el documento, el año pasado fueron asesinados once periodistas en el país, mientras que la mayoría de las víctimas de los ataques se concentra en trabajadores de medios impresos con cobertura local o estatal, de género masculino.
Ambas organizaciones presentadoras del Informe indican que los homicidios y las desapariciones de periodistas son un claro indicador de debilitamiento democrático: en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) ocurrieron 25 crímenes de periodistas, pero sólo en los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, (2006-2009) suman 22 los asesinatos.
Y con la desaparición de la primera mujer, se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos desde el año 2000.
De los agresores Hoy, el recurrente discurso gubernamental sobre la culpabilidad del narcotráfico en las agresiones contra las y los periodistas es no sólo insuficiente, sino falaz. La evidencia muestra que agentes del Estado continúan siendo los principales perpetradores de agresiones contra la libertad de expresión. Desde la perspectiva de los derechos humanos debe enfatizarse que las responsabilidades del Estado mexicano en materia de libertad de expresión no sólo contemplan el abstenerse de interferir directamente en el ejercicio de este derecho, sino también, la obligación de garantizar las condiciones necesarias para la libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.
Destaca por un lado que grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques, en general los más violentos, pero las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.
Del total de agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas. En cuanto a los presuntos responsables de la agresión, 65.7 por ciento fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79 por ciento como partidos políticos y sólo 6.15 por ciento como delincuentes.
Respecto de los casos de funcionarios públicos, 40.63 por ciento corresponden a servidores públicos y personas con cargos de elección popular, el 59.38 por ciento se atribuyen a fuerzas de seguridad del Estado -Ejército, policías federales, estatales y municipales, tanto preventivas como ministeriales, y corporaciones privadas contratadas por el gobierno-.
De los 160 ataques atribuidos a funcionarios, 45 fueron del orden federal, 28.13 por ciento; 58 del estatal, 36.25 por ciento y 57 del municipal, 35.63 por ciento.
Asimismo, del total de agresiones 83.61 por ciento se perpetraron contra periodistas, y 10.66 por ciento contra medios de comunicación. Del total de los agredidos, 25.3 por ciento fueron mujeres.
El 75 por ciento de los ataques se cometieron contra medios impresos, 10.25 por ciento contra radiodifusoras y 8.20 por ciento contra televisoras; 57.72 por ciento de cobertura estatal, 20.73 por ciento nacional, 17.48 por ciento local y 0.81 por ciento internacional.
Ineficaz respuesta de las autoridades
Oaxaca registró 30 agresiones contra comunicadores; Veracruz 28 y Chihuahua 20, Durango con tres y Guerrero con dos.
Respecto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), el reporte indica que ¨su –principal-logro ha sido sortear la manera de justificar su existencia sin haber dado resultados frente al problema¨.
Su actuación se reduce en promedio a la consignación de un caso por año. “La ineficacia de la FEADP se comprueba con el incumplimiento de la institución de ser de utilidad real para llevar a los responsables de las agresiones ante la justicia”.
El reporte afirma que en primer lugar, la designación y remoción del titular de la Fiscalía están sujetas a la discrecionalidad del procurador general de la República –Arturo Chávez Chávez, en turno-, pero también supeditada a otra unidad administrativa, en este caso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y depende de la disponibilidad presupuestal de la PGR.
Más allá de la falta de claridad -en informes de la citada Fiscalía- que imposibilita la efectiva rendición de cuentas, sobresale el hecho de la desproporcionalidad en el número de agresiones registradas por Artículo 19 y Cencos en el 2009, contra sólo 16 casos ingresados por la Fiscalía para su atención en el mismo periodo.
En cuanto al Poder Legislativo, consideran que no ha avanzado en legislar en la materia para generar condiciones de prevención y atención adecuada de este tipo de agresiones contra comunicadores.
Pendiente fomentar una cultura de prevención En cuanto a las acciones tomadas por los medios de comunicación para salvaguardar la integridad de sus trabajadores, el informe establece que en un muestreo entre empleados de 15 empresas dedicadas a la difusión y comunicación, pudieron constatar la ausencia de una cultura de prevención.
Los incidentes de seguridad, así como otros medios de censura directa que prevalecen en el país son atendidos como hechos extraordinarios.
De los entrevistados, 81.25 por ciento consideró que en su zona geográfica existen riesgos graves para el ejercicio del periodismo y el 68.75 por ciento dijo que algún compañero fue víctima de alguna agresión o amenaza.
El 68.75 por ciento de los encuestados no había adoptado medidas de seguridad para el personal amenazado.
Respecto de los recursos proporcionados por las empresas de comunicación para la seguridad de sus trabajadores, el 43.74 por ciento indicó que carecen de recursos, el 31.25 por ciento respondió que como medida de prevención publicaron información o fotos sin firma y en 12.5 por ciento de los casos se resolvió concretando un cambio de fuentes.
