México debe cumplir compromisos firmados en Tratados y Convenciones.

11:13 PM, 24 de febrero de 2010, por Patricia Mayorga

La situación de violencia que se vive en el país y que pone en estado de indefensión a los y las periodistas por el grado de impunidad que existe, llevó a la asociación internacional Artículo 19 a promover una reforma global para que la ley obligue a las autoridades a otorgar medidas de seguridad al gremio, desde la denuncia a través de un teléfono, hasta el otorgamiento de una escolta o el exilio.

La propuesta a la reforma en el Código Penal Federal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, la presentaron en 2008, basados en las obligaciones del Estado en términos de los compromisos internacionales que asumió México en Tratados y Convenciones.

Al concluir el Curso de Seguridad para la Cobertura Periodística en Zonas de Riesgo organizado por diferentes instancias internacionales y el Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua, los representantes de Artículo 19 invitaron a los comunicadores chihuahuenses a impulsar esa propuesta para garantizar el trabajo que desempeñan de manera cotidiana.

Se trata de que las autoridades federales apliquen medidas de protección, con base en la situación de violencia y la nula respuesta a los delitos contra periodistas que prevalece hasta ahora. De ahí la necesidad y urgencia de que establezcan medidas de seguridad obligatorias para prevenir delitos mayores como el secuestro y el homicidio en contra de comunicadores.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz Martínez, quien estuvo invitado a la clausura del evento, señaló que el organismo trabaja para crear un protocolo o acuerdo en el estado, para que a autoridades, cuerpos policiacos y a los mismos periodistas, tengan claro cuáles son los derechos constitucionales de libertad de expresión y derecho a la información, para una mejor convivencia laboral.

Explicó que no se trata de crear nuevos derechos o leyes, sino de sistematizar lo que ya existe, darlos a conocer y ponerlos en práctica para evitar violaciones a los derechos humanos en contra del ejercicio periodístico.

Cynthia Cárdenas, responsable legal de Artículo 19, indicó que el sistema de justicia penal del país está colapsado, y se requiere que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas tenga mayores facultades para investigar y de esa forma, garantizar que los delitos de este tipo sean sancionados.

Destacó la falta de voluntad política de todos los niveles de gobierno, en especial de la Fiscalía señalada, para investigar y hacer justicia en los casos de amenazas, robo, agresiones, homicidios y secuestros en contra de periodistas de México, lo cual ha generado un clima de impunidad que da como resultado el incremento en el número de delitos.

Enfatizó que el año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de delitos contra periodistas, pero aún falta que lo apruebe el Senado de la República. Sin embargo, no basta con la adición del Código Federal Penal, ya que éste tiene un candado en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en caso de ser aprobada, las autoridades federales no podrían actuar hasta que los delitos sean cometidos.

La conciencia de las violaciones contra el ejercicio periodístico, llevó a los reporteros, reporteras y fotógrafos del estado de Chihuahua, a perfilar un protocolo personal, tomando en cuenta su realidad laboral –condición y situaciones latentes de riesgo-, para establecer medidas concretas y evitar ser víctimas de un delito.

A través de redes con diferentes instancias, cada situación irregular o que conlleve riesgo será tomada en cuenta para impulsar el apoyo que requiera cada profesional de la comunicación, con el fin de evitar tragedias y defender el derecho que corresponde a toda la ciudadanía, de ser informada y tener derecho a la libertad de expresión.

Valentín Ramírez Llanes, agradeció la voluntad que existe para apoyar al gremio chihuahuense y la realización del curso que es importante para la profesionalización de los y las periodistas, porque solo así se podrá cambiar el ejercicio periodístico en el estado, con herramientas legales, psicológicas, físicas y periodísticas, que permitan avanzar en la profesionalización y dignificación del gremio.